Avanza en comisión reforma que penaliza vapeadores
Ciudad de México.— La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Salud para establecer sanciones penales y administrativas contra la producción, distribución y comercio de cigarrillos electrónicos y vapeadores. No obstante, la inclusión del término “adquisición” dentro del artículo 282 Quater abrió un debate entre legisladores al considerar que dicha redacción podría criminalizar también a los consumidores.
El dictamen fue avalado con 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención, y plantea penas de uno a ocho años de prisión para quien prepare, conserve, produzca, fabrique, mezcle, envase, transporte, almacene, importe, exporte, distribuya o venda vapeadores y dispositivos similares. Asimismo, prohíbe su publicidad en cualquier medio impreso, digital, televisivo o radiofónico.
Sin embargo, el texto actual del artículo 282 Quater señala que queda prohibida la “adquisición” de estos productos en todo el país, lo que implica que también quien compre o porte un dispositivo podría enfrentar responsabilidad penal. Esa redacción generó desacuerdo incluso dentro del bloque oficialista, cuyos legisladores reconocieron públicamente que se trata de un “error” que deberá corregirse mediante reservas en la discusión en el Pleno.
Diputados acusan exceso punitivo
El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, criticó que el dictamen equipare la obtención personal de un vapeador con delitos graves, al establecer penas de cárcel para quien “adquiera” estos dispositivos. Señaló que la redacción podría derivar en la criminalización directa de los consumidores.
“En todo el mundo les deben envidiar lo que están haciendo aquí, prohibiendo con pena de cárcel a quien adquiera un vapeador. Se los repito: de uno a ocho años de cárcel a quien adquiera un cigarrillo electrónico”, manifestó durante la sesión, al adelantar el voto en contra de su bancada.
Por su parte, la diputada del PT y secretaria de la Comisión de Salud, Martha Aracely Cruz, coincidió en que, si bien la medida busca proteger la salud pública, las sanciones previstas son excesivas y podrían tener efectos no deseados en personas consumidoras. Subrayó que la intención de la reforma es frenar la comercialización ilegal, pero no castigar al usuario final.
En el mismo sentido, la diputada petista Margarita García García adelantó que presentará una reserva al artículo 282 Quater para modificar el término “adquisición” y evitar que la norma penalice a particulares sin fines comerciales. “Tenemos que ser muy analíticos en este tema que es delicado”, dijo al señalar que la redacción actual “podría ser un balazo en el pie”.
Multas económicas y continuidad del debate
Además de las penas privativas de libertad, el dictamen establece multas de 100 a 2,000 UMAS para quienes comercialicen, fabriquen, transporten o distribuyan vapeadores, aun sin propósito de venta masiva. La reforma, de aprobarse en el Pleno, representaría una de las regulaciones más estrictas en el país en materia de productos alternativos al tabaco.
El dictamen avanzó en comisión, pero las posturas encontradas entre oficialistas y opositores anticipan una discusión amplia en el Pleno, donde se definirán las reservas orientadas a precisar el alcance de la prohibición y evitar la criminalización de consumidores.
