Durante la última semana, Quiroga se ha visto enredado en un conflicto social que cada vez se vuelve más grande, trastocado por el presupuesto directo y el autogobierno como forma de representación para una parte de la cabecera municipal.

La figura central es el entonces presidente municipal Arturo Estrada. En medio del proceso para que la comunidad indígena del Calvario obtuviera presupuesto directo y reconocimiento administrativo, Estrada fue nombrado comunero, recibió un terreno y presidió las sesiones donde se aprobaron las transferencias de dinero y funciones.

Los hechos, revelan lo que podría ser objeto de una investigación tanto administrativa como por la vía penal. En Quiroga, de momento, es un enojo creciente, entre más se descubre el trasfondo del presupuesto directo

30 de julio de 2024: el día que el presidente cruzó la línea

Ese día, en sesión ordinaria, acudieron el presidente municipal Arturo Estrada, la síndica Eréndira Pedraza y los regidores Leopoldo Villicaña, Eugenia Corral, Myrella Estrada, Rogelio Mexicano, Alejandra Fuentes y Teresa Patricio. Solo faltó a la sesión la regidora Magdalena Vázquez.

Frente a ellos, los representantes de la comunidad indígena del Calvario: Diego Flores, comisariado; Miguel Chagolla, secretario del Consejo de Vigilancia; Margarita González, secretaria de la comunidad indígena; y Alfredo Mexicano, secretario.

El presidente informó que días antes se había reunido con la comunidad indígena del Calvario, así como con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, representado por Pavel Guzmán, un personaje que desde años antes ha impulsado la agenda del presupuesto directo para comunidades indígenas y envuelto en varios conflictos por el mismo tema.

El Cabildo escuchó y conoció de manera formal la petición de la comunidad indígena del Calvario y su deseo de solicitar el presupuesto directo y convertirse en autogobierno en una sesión de ayuntamiento “informativa”

Pero unos minutos más tarde, fuera de la sala, en la arena pública de las redes sociales, Estrada publicó en su muro un mensaje que cambiaría todo:

Agradezco a la comunidad indígena de ” El Calvario ” por que hoy formalmente ya formo parte de este gran territorio gracias a su bondad y cariño me han declarado un comunero más, lo asumiré con muchísimo orgullo siempre. ¡Quedará en la historia pero sobre todo en mi corazón

La publicación incluía una fotografía con representantes del Calvario.
Lo que no dijo en ese momento, pero sí se conocería tiempo después en su propia voz, es que había recibido un terreno de aproximadamente 15 por 35 metros, otorgado, según él, como muestra de “cariño” por parte de la comunidad.

Ese mismo día, el Cabildo analizaba ya una decisión que impactaría directamente, no solo a las colonias involucradas voluntaria o involuntariamente, sino al pueblo en general

La línea entre lo público y lo privado comenzaba a desdibujarse.

Como nota adicional, el exalcalde eliminó la publicación de sus redes sociales, hace un par de días, cuando empezó a sonar fuerte su nombre en las calles, sin embargo, este medio logró capturar antes de que eso ocurriera dicha publicación.

27 de agosto de 2024: la sesión de despedida que selló todo

Cuatro días antes de terminar su periodo como presidente municipal y tan solo unas horas después de que el Tribunal Electoral confirmara que había perdido la reelección, Arturo Estrada convocó a una nueva sesión de Cabildo.
La agenda incluía dos puntos de enorme importancia:

La Aprobación de la transferencia de la parte proporcional del presupuesto directo al Calvario y la Transferencia de funciones municipales a la autoridad indígena

Eran decisiones que debía tener meses de debate y análisis técnico y sobre todo la participación del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para consultar a la población afectada.

No fue así, se aprobó el presupuesto directo, a días de que el gobierno municipal concluyera, sin consulta, sin decirlo y sin advertir de sus consecuencias al pueblo en general.

El efecto jurídico fue inmediato; el Ayuntamiento reconocía al Calvario como autoridad indígena con facultades sobre su territorio y el municipio aceptaba transferir dinero público a esa comunidad.

La misma comunidad que había acogido al presidente como comunero y le había entregado un terreno.

Lo que para el Cabildo parecía ser un simple acuerdo administrativo, en términos estrictos adquiere una connotación política y jurídica: ¿quién se benefició realmente de las decisiones?

La confesión pública que reavivó el caso

El pasado 12 de Noviembre de 2025, ya fuera del cargo, y con señalamientos sociales públicos, Arturo Estrada publicó un video. Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en el minuto 43:57, se escucha su voz:

Si me dieron un terreno y no tengo nada que esconder un terreno de 15 metros por 35, algo asi, un terreno de todo que de todo corazón me lo dieron y pueden preguntar fue por agradecimiento al trabajo de mas de 8 años 9 años con ellos y al trabajo que hemos realizado juntos, de la mano

La frase que él intenta presentar como una muestra de transparencia, se convierte en la clave que conecta todos los puntos:

• Recibió un bien agrario.
• Fue nombrado comunero.
• Presidio sesiones de Cabildo donde benefició a la comunidad que le entregó ese terreno.
• No informó al Cabildo de ese vínculo, al menos de manera oficial en un acta de ayuntamiento.
• No se excusó de participar en ninguna decisión.
• Firmó acuerdos que afectaban directamente al grupo que le había dado un beneficio patrimonial.

Y lo más delicado:
Lo supo, lo aceptó y lo reconoció mientras aún era presidente municipal.

Especialistas consultados señalan posibles irregularidades

Consultados por este medio, abogados en materia administrativa, penal y agraria coinciden en que los hechos no son simples coincidencias políticas.
Forman parte de un patrón que, según explican, podría encuadrar en distintas figuras de responsabilidad administrativa y legal.

No son conclusiones jurídicas definitivas, sino supuestos importantes, escenarios que, según expertos, ameritan investigación formal.

Conflicto de interés (Alcanzaría inhabilitación hasta por 10 años para ocupar cargos públicos)

El Art. 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) define el conflicto de interés como la interferencia entre intereses personales y decisiones públicas, esto podría alcanzar como sanción, en caso de que se acredite de manera legal, la inhabilitación para ocupar cargos públicos entre 5 y 10 años

Según especialistas consultados:

• Estrada debió excusarse.
• Debió informar al Cabildo de su vínculo patrimonial con la comunidad.
• Presidir la sesión mientras era beneficiario directo del grupo es, jurídicamente, un supuesto claro de conflicto de interés.

El terreno condiciona la imparcialidad, incluso si la intención hubiera sido inocente.

2. Cohecho (Podría haber multa y hasta cárcel)

De acuerdo con académicos entrevistados:

• Un terreno es un valor económico.
• Su entrega, en el contexto de decisiones posteriores, podría configurarse como dádiva.

Si la dádiva antecede a decisiones que benefician al donante, se perfila el supuesto del Art. 52 LGRA y del tipo penal de cohecho.

La frase “me lo dieron por cariño” no elimina la percepción jurídica de beneficio económico.

Abuso de funciones

Los expertos explican que los acuerdos de ayuntamiento en acta del 27 de agosto fueron actos formales del presidente municipal que beneficiaron directamente al Calvario.

Si existía un vínculo económico previo, entonces podrían encuadrar en el supuesto de abuso de funciones: usar la investidura para favorecer a un particular o grupo.

Responsabilidad política y patrimonial

Además de lo jurídico, académicos consultados señalan que:

• el reconocimiento del Calvario,
• la transferencia de facultades,
• y el traslado de recursos públicos,

fueron decisiones tomadas por un presidente ligado sentimental y patrimonialmente a la comunidad beneficiaria.

Esto podría encuadrar en responsabilidad patrimonial del Estado, en caso de perjuicio a terceros.

Quiroga dividido por intereses personales

Mientras la comunidad indígena defiende su derecho a la autonomía, barrios y colonias no indígenas denuncian que fueron absorbidos sin consulta, y que las decisiones del Cabildo fueron tomadas bajo una relación personal entre el presidente y el Calvario.

La Secretaría de Finanzas del Estado, en noviembre de 2025, notificó descuentos al presupuesto municipal para entregarlos directamente al Calvario.
Ese documento detonó la tensión que hoy se vive.

Hoy, en el municipio, se repite una pregunta que ya no es de discursos ni de campañas:

¿Las decisiones del Ayuntamiento respondieron al interés público o al agradecimiento personal de un presidente que ya era comunero del Calvario?

A continuación el video de su propia voz